Irun. Alzamiento militar y dictadura franquista • Mapa

La Junta de Defensa

Primeras noticias del Alzamiento militar

Sábado, 18 de julio de 1936. Por la tarde se reúnen en el Ayuntamiento los miembros de los partidos que forman el Frente Popular: Florencio Iracheta Quilez, Francisco Fernández Trevín, Manuel Igartiburu Espallargas, Luis Larrea Bilbao, Félix del Estal Rodríguez, Benito Boda López, del PSOE; Manuel Enjuto Rubio y Francisco Emery Arocena, de UGT; Zubizarreta, Manuel Cristóbal Errandonea, Juan Ecenarro Eizaguirre, Antonio Berbel Hita, Juan Eraso Echeverría, del PC; y Nicolás Guerendiain Salaverri, Edmundo Lirio Sánchez y Fermín Cuende Aramburu, de IR. A las 21:00 horas el PSOE y el PC hacen un llamamiento común pidiendo a sus militantes que se reúnan bajo las siglas de sus partidos y que esperen instrucciones. Los voluntarios se concentran junto al Ayuntamiento en la Plaza de la República, la actual Plaza San Juan Harria.

Bajo la presidencia de Florencio Iracheta Quilez, se forma un Comité de Guerra/Junta de Guerra provisional con miembros únicamente socialistas y republicanos: Guillermo Aguinaga Gainza, Manuel Igartiburu Espallargas, Benito Boda López, Luis Larrea Bilbao, Aquilino Gutiérrez Díez y Félix del Estal Rodríguez. En un primer momento, las milicias irunesas estuvieron formadas por civiles, hasta que se incorporaron el Teniente de Carabineros de Irun, Antonio Ortega Gutiérrez, el Teniente Álvarez, el Sargento Sebastián Vicente y la totalidad de los que componían la dotación del cuartel de carabineros de Irun.

La Corporación Municipal

El 19 de julio, el alcalde Luis Salís Martínez, de IR, se posiciona fiel al gobierno republicano, junto con los siguientes concejales: Florencio Iracheta Quilez (PSOE), Jorge Segura Sagardía (republicano independiente), Claudio Urtizberea Alberdi (IR), Benito Boda López y Francisco Fernández Trevín (PSOE), Miguel Liceaga Larburu y Evaristo Larrañaga Urcelayeta (IR), Modesto Gal Iguarán y Gerardo Bienabe Artía (PRRS) y Camilo Arocena Echegaray (republicano independiente). Se mantienen ocultos o fugados los concejales José Ramón Aguirreche Picabea, Antonio Arregui Lasa, Emilio Berroa Aristimuño, Rosario Tellechea Recarte, Guillermo Bergareche Marticorena, Antonio Ostiz Aramburu, Fernando Estomba Aguirre y José Julián Bellido Rodríguez. Al mismo tiempo, se interrumpen los medios de transporte: a la estación de Irun sólo llegan trenes que parten desde Francia. A partir de las 9:00 horas ningún tren cruzará ya la frontera con Francia. Por la tarde, se suspenden todos los transportes locales, regionales y nacionales.

La Junta de Defensa local

Constituída el 20 de julio, asumirá la dirección política, económica, social y financiera de la ciudad hasta el 4 de septiembre. Se crean varias comisarías y comités para asegurar los diferentes servicios relacionados con el estado de guerra: Comité Central: Florencio Iracheta Quilez (presidente), Guillermo Aguinaga Gainza, Manuel Igartiburu Espallargas, Benito Boda López, Luis Larrea Bilbao, Aquilino Gutiérrez Díaz, Félix del Estal Rodríguez. Posteriormente la Junta de Defensa Local quedará formada por: Florencio Iracheta Quilez (presidente) y Echaniz, del PSOE; Manuel Cristóbal Errandonea, Zubizarreta y Zapirain, del PC; Nicolás Guerendiain, Fermín Cuende, Antonio Narvarte, Angel Miquelajauregui, Claudio Urtizberea, Carlos Castillejo, de IR y UR; José Michelena Aguirre y José Echániz Echave, del PNV. Comisaría de Guerra: Valeriano Mosquera del Agua y Rufo Martínez Amigo. Junto al Coronel Ortega componen el Estado Mayor, entre otros, Manuel Cristóbal, los Tenientes Álvarez y Margarida y el Sargento Sebastián Vicente. Comisaría de Transportes: Mariano Bercianos del Pozo, Enrique Hortalá Ruiz, Jerónimo Villescusa Pérez. Comité de Censura y Autorización de vehículos: Enrique Hortalá Ruiz, Ruiz, Rufo Martínez Amigo y Patricio Cruz Dorronsoro. Comisaría de Orden público: Manuel Enjuto. En la Estación de ferrocarriles se establece un “Comité Revolucionario de la Estación del Norte” liderado por Francisco Emery Arrieta y Francisco Polo Arrieta.

Ante la insuficiencia de armas (escopetas de caza y pocos fusiles) se requisan las escopetas de la armería Urtizberea. También se requisan armas casa por casa. Comienza las primeras interpelaciones contra monárquicos y derechistas. Una comisión parte hacia Eibar en busca de armamento y regresa al cabo de dos días con pistolas, pistolas metralletas y un cañón antiaéreo que no se consigue montar por falta de piezas básicas. Se requisa dinamita del polvorín de la cantera de Perujaran y de las minas de Miazuri. Se realizan bombas de mano con elementos de fontanería, rellenándolos con pólvora, tuercas y tornillos. Tras la rendición del cuartel de la Guardia Civil, bajo amenaza de dinamitarlo, también se requisa su armamento.

La Frontera

Retirada y Exilio

Una parte de la población que había abandonado Guipúzcoa los primeros días de septiembre de 1936, regresó en el mismo mes al finalizar los combates en Irun y, de forma más generalizada, en octubre del mismo año, al finalizar la campaña de Guipúzcoa. En un primer momento, el control de la frontera estuvo en manos de una “Comisión de Admisión del Puente”, dirigida por Santiago Fernández e integrada por ex-presos del Fuerte de Guadalupe. Entre finales de 1936 y principios de 1937, la Comandancia Militar del Bidasoa, dirigida por el comandante Troncoso, a su vez Jefe de los Servicios de Fronteras del Norte de España, se hizo cargo de todo lo referente al paso por la frontera. Además, la Comandancia contó con la colaboración de la “Oficina Nacional de Nacho Enea” ubicada en la villa Nacho-Enea de San Juan de Luz, propiedad del Marqués de Cabieces, que funcionó como una embajada de la España nacional en Francia.

Para cruzar la frontera de regreso a la España nacional, había que realizar una serie de trámites que comenzaba por presentar una solicitud en la Oficina de Nacho-Enea indicando el nombre de dos personas que permanecían en zona nacional que avalaban al solicitante. La solicitud se enviaba a la Comandancia Militar del Bidasoa, de quien dependía la autorización para regresar a España. A partir de marzo de 1937, coincidiendo con la ofensiva en el frente de Vizcaya, se denegó casi sistemáticamente la entrada a España, al mismo tiempo que se suprimieron casi todos los pases en dirección a Francia. Para cuando las tropas franquistas invadieron Bilbao, en junio de 1937, 26.452 personas se trasladaron a Francia siguiendo la orden del Gobierno Vasco de evacuar la capital vizcaína. A esta evacuación siguieron las de Santander y Asturias, alcanzando la cifra de 95.000 personas llegadas a Francia. Gran parte de estos refugiados se repatriaron por zona catalana desde donde se exiliaron definitivamente en 1939. El consulado de Bayona proporcionó el billete a los que deseaban trasladarse a Barcelona a partir del 9 de julio de 1937.

El paso por la Frontera de Irun

La presencia masiva de refugiados españoles en los departamentos vasco-franceses llevó al Gobierno francés a adoptar nuevas medidas. El 27 de septiembre de 1937, desde el Ministerio del Interior francés, se promulgó la repatriación de todos los refugiados que se hallaban a cargo del estado francés o de entidades públicas francesas. Aunque el gobierno francés no empezó a aplicar las repatriaciones forzosas hasta 1938, en octubre de 1937, desde el gobierno de Salamanca, se dictó una normativa completa para reinsertar a los refugiados, en previsión de la aplicación de la norma francesa. Con dirección a Fuenterrabía se conduciría a los evadidos de la zona roja afines al movimiento, a aquellas personas que abandonado la zona roja inmediatamente solicitaron la entrada en la zona nacional y los casos de consulta, es decir, aquellas personas de las que las autoridades solicitaban información bien por estar en edad militar o por sospechar que habían pertenecido a alguno de los partidos del Frente Popular. Sin embargo, para la gran mayoría de los refugiados, el trámite pasaba por dirigirlos al Puente Internacional, desde donde serían conducidos al campo de concentración de Irun para su clasificación. Desde el campo de concentración, algunos serían enviados a los frentes, otros tendrían que pasar por los tribunales militares y otros, los que resultaran limpios de culpa, serían enviados a los lugares de donde procedieron antes de su evacuación voluntaria. La Orden de 29 de agosto de 1938, dictada por el Gobierno de Burgos, obligaba a los refugiados a disponer de una autorización concedida por los representantes diplomáticos o un permiso expreso otorgado por los ministros de Asuntos Exteriores, Interior (Prensa y propaganda) u Orden Público para poder cruzar la frontera. En cualquier caso, los permisos se solicitaron de manera fundamental en la Oficina de Nacho-Enea como venía ocurriendo desde 1936. En la fase final de la contienda, tras la ocupación de Cataluña en los primeros meses de 1939, se produjo un nuevo éxodo masivo de refugiados españoles en dirección a Francia. Los que decidían regresar a España eran conducidos a la frontera de Irun: una vez llegados a la misma, debían formalizar los trámites para su reingreso en territorio nacional. Entre el 1 y el 19 de febrero de 1939, 67.709 personas pasaron la frontera, siendo en su mayoría ex-combatientes de las tropas republicanas. Sin embargo, dada la situación internacional, el número de refugiados que cruzó la frontera de Irun descendió drásticamente. Entre el 25 de mayo y el 16 de octubre de 1939 se contabilizan tan solo 2.500 personas en un goteo que se prolongó hasta diciembre de 1940, fecha en que el número de repatriados se situó en 3.150 personas. El motivo para tal reducción en el paso de la frontera, podría explicarse por la presión de las autoridades de Burgos ante el gobierno francés para que acelerara la entrega de los refugiados con mayor implicación política. Las autoridades francesas, mantuvieron una doble actitud. Por una parte, Francia deseaba deshacerse de una gran masa de refugiados pero, por otra parte, no pondría en manos de las autoridades del Nuevo Estado a personas que como poco iban a ser condenadas por los tribunales militares a largas penas de prisión. Las disposiciones restrictivas referidas al regreso de los refugiados se multiplicaron tras el final de la Guerra Civil. El 3 de abril se señaló al consulado de Hendaya, ahora en manos de los nacionales, que se abstuviera de remitir a la frontera refugiados de ningún género. El día 7 de abril se suprimieron los salvoconductos para los españoles que debían presentarse en los consulados, donde informaban al Ministerio de los avales, filiación y residencia de la persona que solicitaba el regreso a España. En junio de 1939 el Gobierno francés empezó a utilizar milicianos especializados en las fábricas de armamento, a cambio de la salida de los campos de internamiento. Por otra parte, las autoridades españolas tenían la percepción de que la mayor parte de los refugiados que no tenían implicación política ya habían regresado y que, por lo tanto, los que permanecían en Francia eran aquellos que tenían una mayor implicación política.

La segunda guerra mundial supuso una modificación sustancial de la situación de los refugiados españoles en Francia. Las autoridades francesas manifestaron a los diplomáticos españoles que no se adoptaría ninguna medida contra los refugiados españoles. Sin embargo, el gobierno francés ya se había dirigido a los refugiados españoles solicitando que se alistaran en el ejército y en las brigadas auxiliares civiles, en virtud de la legislación francesa sobre refugiados que obligaba a éstos a una serie de prestaciones en caso de conflicto. El último llamamiento que se hizo por parte de las autoridades franquistas para el regreso de los españoles, fechado el 9 de septiembre de 1939, aclamaba que “Nadie cree ya en la leyenda de la represión española. Todos saben cómo se administra la justicia de Franco, con qué benevolencia, con cuánta escrupulosa apreciación de las razones complejas, determinantes de muchas conductas, proceden sus gobernantes. Volved, pues, a la España Una, Grande y Libre que os espera. Cuando la guerra os deja huérfanos en tierra extranjera, vuestra patria os llama. Todos los españoles de conciencia limpia y pasado honrado tenéis allí vuestra patria para trabajar en la empresa de hacerla mejor y reparar sus males”. A partir de este momento las condiciones para el regreso de los exiliados se endurecieron. El 21 de septiembre se comunicó que no se podría entrar en España con documentos republicanos. Todos los que deseaban volver habrían de dirigirse a los consulados españoles y solicitar pasaportes españoles que debían ser avalados previamente. Los que no conseguían esos avales debían presentarse en la frontera. Ahí serían considerados como combatientes los que se encontraban en edad militar y como refugiados los demás. La situación de los refugiados se vio alterada al comienzo del verano de 1940 con la derrota de Francia y la llegada de los alemanes a la frontera española. Como primera medida se produjo un desplazamiento de los españoles que permanecían en zona controlada por Vichy, que en otoño de 1941 se cifraba en 84.675 personas. En agosto de 1940, las autoridades españolas cerraron la frontera impidiendo la salida de Francia, tratando de evitar que numerosos soldados desmovilizados pasasen a España. En el otoño de 1941, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno del mariscal Petain, las autoridades españolas aceptaron la repatriación de todos los refugiados que lo desearan y se permitió el embarque hacia América de aquellos que por su trayectoria política no podían regresar y sobre los que no pesaba ninguna petición de extradición. En noviembre de 1942, tras la ocupación por los alemanes de la zona libre francesa, parte de los españoles que aún permanecían en el exilio optaron por integrarse en la Resistencia o formar parte de las Fuerzas Francesas Libres que combatieron en el norte de África.

Callejero

La ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como la Ley de la Memoria Histórica, promulgó entre otras medidas la retirada de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. El pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Irun aprobó por unanimidad en febrero de 2014 el cambio de nominación de cuatro calles que evocaban el franquismo y que aún se mantenían a pesar de haber transcurrido siete años desde la publicación de la citada Ley. Sin embargo, no era la primera vez que en Irun se sustituían los nombres de las calles que ensalzaban a militares franquistas o que rendían homenaje a la sublevación militar de 18 de julio de 1936. En 1979, siguiendo el criterio mantenido por otras corporaciones de Euskadi, el ayuntamiento cambió el nombre de 18 calles. El cambio de la nomenclatura de las calles no es una cuestión novedosa. En Irun, como en otras tantas localidades, el callejero ha ido paralelo a los acontecimientos políticos que han transfigurado el estado español, desde el reinado de Alfonso XIII hasta la Ley de la Memoria Histórica, pasando por la proclamación de la segunda república, la dictadura franquista y los primeros años de la democracia. El 14 de abril de 1938, el ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, disponía que “la Comisiones Gestoras municipales se abstuvieran de acordar revisiones generales de los nombres de las vías y plazas públicas de las localidades” y que sólo “en casos de evidente agravio para los principios inspiradores del Movimiento Nacional o en otros de motivada y plena justificación podrán acordar la supresión de las denominaciones actuales previa consulta al Servicio Nacional local del Ministerio del Interior”. En Irun, el cambio de la nomenclatura ya se había realizado con anterioridad. En 1937 se renombraron 12 calles y plazas y se nombraron 3 nuevas calles ensalzando a los principales líderes del alzamiento militar. Al mismo tiempo, esta nueva nomenclatura eliminaba del callejero municipal los nombres de las calles y plazas con los que las corporaciones republicanas de 1931 y 1932 ensalzaron los acontecimientos y los protagonistas de la época republicana.